Se promueve el diseño de medidas técnicas y normativas destinadas a fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para prevenir la corrupción. Estas medidas, basadas en análisis rigurosos de riesgos y necesidades específicas, establecen estándares de integridad y mejores prácticas en la administración pública. Además, son socializadas con los actores relevantes para garantizar su adecuada implementación, promoviendo un enfoque sostenible y efectivo en la lucha contra la corrupción.