El objetivo de la consulta es recopilar opiniones ciudadanas para guiar el desarrollo de un proyecto normativo que establezca mecanismos administrativos para prevenir, procesar y manejar conflictos de interés en el Organismo Ejecutivo, fortaleciendo al servicio público y reduciendo riesgos de corrupción. 

La consulta sobre el tema de conflictos de interés estará disponible del 28 de octubre al 03 de noviembre del 2024. Posteriormente, se cargará a esta misma página web un reporte con los resultados para el conocimiento de la ciudadanía. 

La consulta ciudadana mostró una comprensión clara sobre los conflictos de interés, interpretados como situaciones en las que el beneficio personal puede comprometer el bien común. Estos aportes, junto con estándares internacionales, serán integrados en el proyecto normativo para definir y regular los conflictos de interés, considerando el abuso de poder y la prioridad de intereses personales como riesgos clave en la gestión pública.

Se identificaron como principales obstáculos para gestionar conflictos de interés en el sector público, lo siguiente: la falta de capacitación, de claridad normativa y de mecanismos efectivos de denuncia. Estos aportes serán integrados en el proyecto de normativa, que incluye capacitación del personal y obliga a usar canales de denuncia institucionales, promoviendo así una cultura de transparencia y reduciendo oportunidades de corrupción en las instituciones públicas.

Se destacó que la principal motivación para denunciar un conflicto de interés es la certeza de obtener resultados concretos, junto con la importancia de contar con normativas claras, opciones de denuncia anónima y garantías de seguridad. En respuesta, el proyecto normativo incluirá la emisión de recomendaciones técnicas, por parte de la Comisión Nacional contra la Corrupción, para guiar la gestión y resolución de denuncias, asegurando así que los casos reciban atención y fortaleciendo la confianza en el sistema.

Se señaló que las medidas más efectivas para prevenir conflictos de interés incluyen mecanismos de denuncia anónima, normativas claras y capacitación continua, así como un sistema con consecuencias administrativas, civiles y penales. En respuesta, el proyecto de Acuerdo Gubernativo optará por no definir un proceso único, ya que no se ajustaría a las necesidades de cada institución. En su lugar, se establecerá que la Comisión Nacional contra la Corrupción emita recomendaciones técnicas y lineamientos para que las instituciones resuelvan los conflictos de interés conforme a sus contextos.