La Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) continúa trabajando en las condiciones para seguir abordando estratégicamente soluciones a problemas de corrupción, buscando construir espacios de colaboración multisectorial junto a la ciudadanía, basados en valores éticos. Por esta razón, se busca priorizar una agenda legislativa anticorrupción, que permita planificar las necesidades de reforma en el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la dignidad de las personas. Su importancia radica en la necesidad de focalizar los esfuerzos en normativa clave, alineándolos con estándares internacionales en la materia, para robustecer la capacidad del Estado en integridad pública, prevención y combate a la corrupción.
Un sistema nacional de integridad y anticorrupción se compone de un conjunto de disposiciones legales, instituciones y procedimientos interconectados que operan en coordinación para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Su funcionamiento depende de la interacción eficaz entre los poderes del Estado, el sector privado, comunidades y la sociedad civil, entre otros grupos, compartiendo valores y asegurando el acceso a la información, la modernización de la gestión pública y la auditoría social.