Consulta de Priorización de la agenda legislativa hacia un sistema nacional de integridad
Contexto

La Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) continúa trabajando en las condiciones para abordar estratégicamente soluciones que atienden a problemas de corrupción, buscando construir espacios de colaboración multisectorial junto a la ciudadanía. Por esta razón, busca priorizar una agenda legislativa anticorrupción, que permita planificar las necesidades de reforma en el ordenamiento jurídico vigente. Su importancia radica en la necesidad de focalizar los esfuerzos en normativa clave, alinearlos con estándares internacionales en la materia, buscando robustecer la capacidad del Estado en integridad pública, prevención y combate a la corrupción.

La consulta se conformó por 20 preguntas para recolectar las propuestas anticorrupción. Estuvo vigente durante 20 días en abril de 2025 y se obtuvieron 142 respuestas de la sociedad civil y servidores públicos, de ellas, 134 respuestas válidas1.. De acuerdo con los datos recabados, se puede establecer que cada respuesta fue claramente intencionada para brindar aportes e ideas concretas para fomentar un sistema anticorrupción, lo que demuestra responsabilidad y nivel de conciencia en los ciudadanos participantes para proponer soluciones a las problemáticas que enfrenta la realidad nacional.

Caracterización demográfica de quienes contestaron la encuesta:
  • Mujer: 52%
  • Hombre: 47%
  • Prefiere no indicar: 1%
  • 0-17: 0%
  • 18-29: 10%
  • 30-34: 12%
  • 35-64: 66%
  • +65: 12%
  • Ladino o Mestizo: 86%
  • Maya: 11%
  • Afrodescendiente: 1%
  • Otros: 1%
  • Prefiero no decir: 1%
  • Español: 87%
  • Kaqchikel: 4%
  • Multilingüe: 4%
  • K'iche': 2%
  • Q´eqchi´: 1%
  • Poqomchí: 1%
  • Tz´utujil: 1%
Alguno de los hallazgos más relevantes del informe:
1. ¿Considera necesario crear una institución permanente y especializada en la prevención de la corrupción?
  • Si: 69%
  • No: 31%

Los resultados reflejan que la mayoría de los participantes están de acuerdo en contar con una institución permanente y especializada que cuente con estructuras sólidas, técnicas e independientes que no solo sancionen, sino que trabajen proactivamente en evitar actos de corrupción en la administración pública. 

2. La ciudadanía sugiere que dicha entidad especializada debería tener las siguientes funciones:

1. Prevención y promoción de la ética 
2. Investigación y detección 
3. Sanción y justicia 
4. Supervisión y fiscalización 
5. Educación y fortalecimiento institucional 
6. Autonomía e institucionalidad 
7. Colaboración interinstitucional e internacional 
3. ¿Cómo se puede fortalecer la coordinación entre diferentes instituciones relacionadas con la lucha contra la corrupción?

 El 58% de las personas señalaron como prioritario la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción, mediante la creación o consolidación de un sistema nacional de coordinación interinstitucional. Asimismo, un 33% manifestó la importancia de establecer una institución especializada que se encargue de centralizar dichas coordinaciones, con el fin de optimizar los esfuerzos y evitar duplicidad de funciones. 

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