Desde la Política General de Gobierno 2024-2028 se busca reforzar el marco estratégico en materia anticorrupción. En esa línea, la Comisión Nacional contra la Corrupción, se encuentra trabajando en las condiciones para seguir abordando estratégicamente soluciones a problemas de corrupción, buscando construir espacios de colaboración multisectorial junto a la ciudadanía, basados en valores éticos. Por esta razón, se busca priorizar una agenda legislativa anticorrupción, que permita planificar las necesidades de reforma en el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la dignidad de las personas. Su importancia radica en la necesidad de focalizar los esfuerzos en normativa clave, alineándolos con estándares internacionales en la materia, para robustecer la capacidad del Estado en integridad pública, prevención y combate a la corrupción.

La presente consulta ciudadana electrónica estuvo vigente entre diciembre de 2024 a febrero de 2025 y se recibieron un total 314 respuestas válidas que brindó insumos para la formulación de la “Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción” en el Organismo Ejecutivo, realizada con el fin de garantizar un espacio colaborativo e inclusivo en la prevención y lucha contra la corrupción. El informe presenta los hallazgos obtenidos, los cuales serán guía para la creación de esta estrategia, promoviendo una mayor participación ciudadana y fortaleciendo la transparencia en la gestión pública.

Las personas participantes en la consulta ciudadana definieron la corrupción como un fenómeno complejo y multifacético que involucra el abuso de poder, autoridad o recursos para obtener beneficios personales o grupales, en detrimento del bien común.

Las respuestas destacan que la corrupción no solo se limita al ámbito público, sino que también puede ocurrir en el sector privado y en otros espacios donde se ejerce autoridad o influencia. Entre las formas más recurrentes se encuentran:

• Abuso de poder
• Beneficio ilícito
• Violación del bien común
• Falta de valores

Las personas participantes perciben la corrupción como un problema sistémico que afecta a todos los niveles de la sociedad, debilitando la confianza en las instituciones y obstaculizando el desarrollo económico y social.

La mayoría de las personas participantes ha experimentado directamente situaciones que podrían calificarse como actos de corrupción en su vida cotidiana.

La ciudadanía considera que las principales áreas de corrupción en la vida cotidiana, se representa en los servicios públicos y desarrollo urbano, seguridad y justicia, salud, educación, oportunidades laborales principalmente, sin embargo, también se ha señalado que se visibiliza en infraestructura, medio ambiente, economía y desarrollo económico, en la calidad democrática, desarrollo social, transporte público, entre otros.

a. Fortalecimiento de las instituciones y el marco legal. Esto incluye la creación de leyes claras y rigurosas que sancionen la corrupción de manera efectiva. 

b. Diseñar la planificación y el desarrollo del país por regiones, y que la población sea quien defina su propio desarrollo, para crear una construcción social horizontal y territorial.  

c. Cultura de transparencia y rendición de cuentas.  

d. Participación ciudadana, educación y auditoría social: fomentar una cultura de denuncia basada en pruebas mediante canales seguros y confiables.  

e. Sanciones y la justicia: Aplicación de castigos severos y ejemplares para quienes cometan actos de corrupción.  

f. Mejora de la gestión pública y el fortalecimiento del sistema de justicia. 

g. Tecnología y la digitalización: sistemas de control que permitan monitorear y auditar.  

h. Cooperación internacional: Estrategias para la prevención, combatir la corrupción transnacional y aprender de las estrategias exitosas de otros países.  

Según los datos, los esfuerzos anticorrupción inician con el fomento de la colaboración entre gobiernos locales, organizaciones civiles y la ciudadanía, implementar, en la implementación de programas educativos y de sensibilización sobre corrupción a nivel local y la creación de oficinas regionales anticorrupción. En paralelo, existen propuestas relacionadas a la protección a denunciantes, fortalecimiento a los mecanismos de denuncia anónima y segura, la digitalización de procesos, auditorías sociales, ampliación de sanciones ejemplares y penas severas, entre otras que se amplían en el informe.